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Proyecto Reforma Ley ISR

8-Septiembre-2013

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. Presente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por su digno conducto ante esa Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta. A continuación se expresan los motivos que sustentan esta Iniciativa. Como lo han hecho otras administraciones anteriores, es importante admitir que la estructura del sistema fiscal en México resulta, en algunos casos, compleja y onerosa. Esta complejidad provoca que los contribuyentes destinen mayores recursos humanos y financieros al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en comparación con otros sistemas tributarios. Desde el ámbito de la autoridad fiscal, dicha situación también dificulta el ejercicio de sus atribuciones, entre ellas, la de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. La complejidad en el pago de impuestos resulta particularmente perjudicial para las pequeñas y medianas empresas, que tienen menos recursos humanos y monetarios que destinar a este tipo de tareas. Con el propósito de simplificar el sistema fiscal, en los últimos años se han implementado diversas medidas, entre las que destacan: i) la presentación vía Internet de declaraciones y pago de contribuciones, así como de algunos avisos y declaraciones informativas; ii) la transferencia electrónica de fondos a favor de la Tesorería de la Federación como medio de pago de dichas contribuciones, y iii) el proceso de simplificación de los requisitos que deben contener los comprobantes fiscales. En este sentido, y reconociendo que uno de los principios que debe prevalecer en todo diseño impositivo es la simplicidad y el menor costo administrativo relacionado con el pago de los impuestos, es conveniente continuar avanzando con el propósito de mejorar los instrumentos tributarios. La nueva Ley del ISR que se somete a consideración elimina un número considerable de artículos que actualmente integran el sistema renta, lo cual representa una reducción del 40% en relación con el número de disposiciones actuales, considerando también la eliminación del impuesto empresarial a tasa única (IETU) y el impuesto a los depósitos en efectivo (IDE). Por otra parte, las necesidades de gasto del país sobrepasan los recursos tributarios que se recaudan. En efecto, actualmente los ingresos tributarios en México representan aproximadamente el 16% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que los países de América Latina y los que son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuentan con ingresos tributarios promedio del 19% y 25%, en relación con su PIB, respectivamente. En el caso de México, si se excluyen los ingresos petroleros, la recaudación representaría sólo el 10% del PIB, ubicando a nuestro país en los últimos lugares entre los países miembros de la OCDE, e incluso por debajo de países de América Latina con similar nivel de desarrollo. Esta situación limita la capacidad del Estado para atender las necesidades más urgentes de la población Así, mientras que en México el gasto público total representa 19.5% del PIB, el promedio para los países de América Latina y de la OCDE es de 27.1% y 46.5% del PIB, respectivamente. Lo anterior se traduce en que los recursos que podrían destinarse a programas públicos en áreas prioritarias como educación, salud, inversión en infraestructura, investigación y desarrollo, seguridad social y seguridad pública, no sean suficientes. A su vez, ello impacta negativamente en el bienestar de la población y la capacidad de crecimiento de largo plazo de la economía. Con objeto de aumentar la capacidad del Estado mexicano es indispensable fortalecer los ingresos del sector público. En este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 establece como líneas de acción hacer más equitativa la estructura impositiva para mejorar la distribución de la carga fiscal, así como adecuar el marco legal en materia fiscal de manera eficiente y equitativa para que sirva como palanca del desarrollo. Asimismo, es conveniente simplificar las disposiciones fiscales para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y facilitar la incorporación de un mayor número de contribuyentes al padrón fiscal, lo cual es acorde con la estrategia de modernización, a la vez que propiciará una mayor cercanía del gobierno con la población. En consistencia con lo anterior, en la presente Iniciativa se plantean una serie de propuestas cuyos objetivos primordiales son fortalecer los ingresos públicos y, como se ha mencionado anteriormente, simplificar el sistema tributario. La arquitectura vigente de los impuestos directos descansa en el “sistema renta”, conformado por tres diferentes gravámenes: ISR, IETU e IDE. La interacción de los componentes del sistema renta representa un alto grado de complejidad tanto para el contribuyente como para la autoridad fiscal, que se traduce en un elevado costo de cumplimiento y de control. Así, para avanzar hacia la meta de la simplificación fiscal, se propone a consideración de esa Soberanía la eliminación tanto del IETU como del IDE, de manera que sólo permanezca como impuesto al ingreso, el ISR. Adicionalmente, se propone realizar una serie de modificaciones al ISR, las cuales además de simplificar su diseño y estructura, contribuirán a recuperar su potencial recaudatorio a través de la ampliación de su base. Por un lado, se propone eliminar las disposiciones que prevén tratamientos preferenciales, los cuales, además de generar inequidad, hacen compleja la aplicación, cumplimiento y control del impuesto para el contribuyente y la autoridad fiscal y, por otra parte, se plantean modificaciones tendientes a ampliar el potencial recaudatorio de este impuesto. Es importante señalar que ante la eliminación del IETU y del IDE, los cuales actúan como impuestos mínimos y de control del ISR, es necesario modificar la estructura de este último impuesto, a fin de que no se debilite su recaudación; por ello, se propone recuperar en su diseño el principio de simetría fiscal y establecer la aplicación de un esquema general. Con lo anterior, se alcanzará un sistema de impuestos directos más simple, con mayor potencial recaudatorio y progresividad. La estructura del ISR vigente contiene diversos regímenes preferenciales y tratamientos de excepción que generan distorsiones, restan neutralidad, equidad y simplicidad, y generan espacios para la evasión y elusión fiscales derivando en una importante pérdida de recursos fiscales. Además, los tratamientos preferenciales hacen complejo su control, lo cual se traduce en mayores costos de administración y fiscalización para la autoridad. Los regímenes especiales provocan opacidad respecto de los beneficiarios de las disposiciones fiscales, dando lugar a que en muchas ocasiones sean aprovechados por personas diferentes de la población objetivo. En materia de seguridad jurídica, también se presentan en esta Iniciativa un conjunto de medidas en beneficio de los contribuyentes respecto de la aplicación y alcance de las distintas obligaciones contenidas en las disposiciones fiscales y para robustecer los mecanismos de control del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Es oportuno recordar que la intersección entre la potestad tributaria del Estado y el entramado de derechos y libertades fundamentales del contribuyente origina la determinación de un parámetro que representa el mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente a efecto de atender las necesidades humanas más elementales. De acuerdo a criterios emitidos históricamente por el Poder Judicial de la Federación, el mínimo vital o mínimo existencial, emana de los principios de la dignidad humana y la solidaridad, en concordancia con los derechos esenciales a la vida, a la integridad personal y a la igualdad, en la modalidad de decisiones de protección especial a personas en situación de necesidad manifiesta. Asimismo, por mandato constitucional el legislador debe respetar los principios constitucionales de generalidad, legalidad, equidad y proporcionalidad que rigen el sistema tributario mexicano y, sin perjuicio de ello, el mínimo vital impone un límite a la potestad impositiva del Estado a fin de que no puedan afectarse los recursos materiales necesarios de las personas para llevar una vida digna. La nueva Ley del ISR reconoce que el mínimo vital, como proyección del principio de proporcionalidad tributaria, es una garantía de las personas, por virtud de la cual, al momento de diseñar el objeto del impuesto e identificar la capacidad idónea para contribuir, se debe respetar un umbral correspondiente a los recursos necesarios para la subsistencia de las personas. El respeto al mínimo existencial y al principio de proporcionalidad tributaria, se ven reflejados en la nueva Ley del ISR que se propone, a través de diversos mecanismos fiscales, deducciones y exenciones, cuya lógica es la conservación de las condiciones básicas y las prestaciones sociales necesarias que permitan a las personas llevar una existencia digna. El conjunto de medidas contenidas en la Iniciativa que se somete a la consideración de esa Soberanía sin duda representa un importante paso para que el ISR tenga un mayor potencial para generar recursos permanentes que permitan al Estado, por la vía del gasto, redistribuir y atender las necesidades de toda la población y, en particular, de los grupos más vulnerables, y lograr un desarrollo social más justo e incluyente. I. Ley del Impuesto sobre la Renta. El Ejecutivo Federal a mi cargo propone a esa Soberanía una Iniciativa con diversas modificaciones a las disposiciones fiscales, resaltando en general la importancia de contar con un impuesto al ingreso más sencillo y con una base más amplia. Las principales características de este nuevo ordenamiento se detallan en los términos siguientes: A) Impuesto sobre la renta empresarial. Beneficios de los tratados para evitar la doble tributación. El principal objetivo y fin de los tratados para evitar la doble tributación es impedir que el ingreso de una persona se grave en dos o más jurisdicciones, es decir, se busca evitar una doble tributación. Sin embargo, dependiendo de las operaciones efectuadas y del régimen fiscal aplicable al ingreso que perciba un contribuyente se puede presentar o no una doble tributación. Por lo anterior, se propone incluir una norma de procedimiento en la nueva Ley del ISR, para efecto de que tratándose de operaciones entre partes relacionadas, las autoridades fiscales puedan solicitar a residentes en el extranjero que le informen de las disposiciones legales del derecho extranjero cuya aplicación pueda generarle una doble tributación. Lo anterior, con la finalidad de que la obtención de los beneficios de este tipo de tratados se otorguen a los contribuyentes a quienes realmente van dirigidos. Eliminación de deducciones. Deducción inmediata. En la actualidad, las personas morales y las físicas con actividades empresariales y profesionales pueden deducir de manera inmediata la inversión de los bienes nuevos de activo fijo, en el ejercicio en el que efectúan dicha inversión, en el que se inicie su utilización o en el ejercicio siguiente, siempre que se trate de inversiones en bienes que se utilicen permanentemente en territorio nacional, pero fuera de las áreas metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. Es decir, las empresas que invierten en activos productivos en el país pueden deducir en un sólo ejercicio el valor presente de la depreciación que se efectuaría durante la vida útil del activo adquirido, considerando una tasa de descuento para calcular dicho valor presente. Este tratamiento tiene el carácter de preferencial en la estructura del ISR, el cual permite diferir el pago de este impuesto que pretende gravar la variación patrimonial a través del monto de la utilidad que obtiene el contribuyente en cada ejercicio. Este beneficio no ha probado ser una forma eficiente de apoyar la inversión, en particular de la pequeña y mediana empresa y, en cambio, ha sido utilizado para reducir injustificadamente la carga tributaria de los contribuyentes, particularmente empresas de gran tamaño. Se considera que el tratamiento de la inversión debe ser consistente con la naturaleza del ISR, por lo que el valor de las inversiones debe ser deducible a través de los años de la vida útil del bien y no de forma inmediata. En este sentido, se propone eliminar la posibilidad de deducir en forma inmediata el valor presente de las inversiones. Es importante señalar que el beneficio de la deducción inmediata que se aplica en México no se observa en otros países. En economías como las de Australia, Alemania, Chile, Corea, Francia o Rusia, que permite la deducción acelerada, no existe ningún esquema similar. Es posible observar que en este grupo aparecen países de varias regiones del mundo y con distintos niveles de desarrollo. La posibilidad de deducir inmediatamente el valor de un activo implica una pérdida para la recaudación impositiva. Si bien a cambio de esta pérdida se busca fomentar la inversión, la medida ha tenido poca efectividad para alcanzar su objetivo. Ello responde en gran medida a que las condiciones de estabilidad financiera que actualmente imperan en la economía nacional, hacen redundantes otras medidas fiscales que pretenden estimular la inversión. Así, a la pérdida recaudatoria no le ha correspondido la consecución del fin extrafiscal que se buscaba. Es importante considerar que la mayor parte de las inversiones es deducida a través de la vida útil de los bienes, aplicando las tasas de deducción por depreciación en línea recta que se establecen en la Ley del ISR vigente y que serán conservadas en el nuevo ordenamiento. Entre 2008 y 2011, sólo el 18% de la deducción de inversiones se realizó utilizando la deducción inmediata. Adicionalmente, se ha observado que el beneficio ha sido principalmente aprovechado por las grandes empresas, que son intensivas en capital y al tener un valor de activo fijo elevado requieren mayores inversiones para reposición, mientras que las empresas pequeñas y medianas han obtenido sólo una parte poco significativa del beneficio. De acuerdo con información fiscal para 2010, las empresas pertenecientes al decil de mayores ingresos concentraron el 93.1% de la deducción inmediata. La deducción inmediata, como otros beneficios tributarios, genera distorsiones que afectan las decisiones de los actores económicos, así como las decisiones de inversión de la economía, a favor de los bienes de capital con vida útil más larga. Al desalentar la competencia y producir concentración, este beneficio favorece la expansión de los grandes grupos económicos, y representa un factor de discriminación en contra del factor trabajo. Por otra parte, es importante considerar que en la práctica este tratamiento ha demostrado ser un instrumento que facilita la planeación fiscal de las empresas y, en particular, de los grupos empresariales. Por medio de la adquisición de empresas que, por encontrarse en sus etapas iniciales de operación, deben realizar importantes inversiones, se obtienen mayores deducciones que generan pérdidas y, por lo tanto, se logra diferir el impuesto a pagar del resto de las empresas del grupo. Deducción lineal al 100%. La deducción de inversiones al 100% permite a los contribuyentes deducir en un sólo año el valor total de sus inversiones en los activos fijos que reciben este beneficio. Actualmente, los contribuyentes pueden realizar la deducción de las inversiones de maquinaria y equipo para la generación de energía eléctrica de fuentes renovables; de adaptaciones a instalaciones que tengan por finalidad facilitar a las personas con capacidades diferentes, el acceso y uso de las mismas; de inversiones en maquinaria y equipo para la conversión a consumo de gas natural y para prevenir y controlar la contaminación ambiental, así como de las máquinas registradoras de comprobación fiscal. Este tratamiento preferencial representa un mayor beneficio para el contribuyente que la deducción inmediata, ya que mientras para efectos de esta última se permite la deducción del valor presente de la depreciación lineal aplicando una tasa de descuento, en el caso de la deducción al 100% el monto de la deducción es por el total, independientemente de la tasa de interés en el mercado, siendo por tanto el activo parcialmente financiado por el Gobierno, lo que representa un beneficio excesivo. En congruencia con la propuesta de eliminar la deducción inmediata de activos fijos, se considera adecuado eliminar aquellas disposiciones que permiten deducir en un sólo ejercicio el 100% de la inversión realizada en la adquisición de dichos activos, la cual podrá seguir deduciéndose conforme a las tasas de depreciación lineal que establece la Ley del ISR vigente. No obstante lo anterior, se estima conveniente que el Gobierno continúe apoyando la inversión en adaptaciones a instalaciones que tengan por finalidad facilitar a las personas con capacidades diferentes el acceso y uso de las mismas, razón por la cual se mantiene este beneficio, lo que promueve un acceso más equitativo a los mercados de trabajo y otorga un apoyo necesario para este importante grupo de población. De igual forma, con el fin de ser consistentes con las medidas descritas, el Ejecutivo Federal a mi cargo derogará el beneficio de permitir la deducción en forma inmediata y hasta por el 100% de las inversiones que se efectúen en bienes inmuebles ubicados en las zonas de monumentos históricos de las ciudades de México, Mazatlán, Mérida, Morelia, Oaxaca de Juárez, Puebla de Zaragoza y Veracruz, mismo que se otorga por medio del Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de marzo de 2012. Aportaciones a fondos de pensiones y jubilaciones. De acuerdo con la fracción VII del artículo 29 de la Ley del ISR vigente, son deducibles las aportaciones que realizan las empresas para la creación o incremento de las reservas destinadas a fondos de pensiones o jubilaciones, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social, así como de primas de antigüedad en los términos de la misma Ley. Este régimen implica un gasto fiscal, toda vez que permite a las empresas anticipar una deducción por los pagos que se realizarán en un futuro a los trabajadores y en consecuencia diferir el pago del impuesto. Con el fin de evitar la erosión de la base del ISR empresarial y procurar la simetría del impuesto, el Ejecutivo Federal a mi cargo considera que las aportaciones que realicen las empresas a los fondos de pensiones y jubilaciones complementarias a aquéllas que son obligatorias por ley, deben sujetarse a la estructura normal del impuesto, es decir, dichas aportaciones deben deducirse en el momento en que la empresa realice una erogación real a favor de sus trabajadores. Donación de bienes que han perdido su valor. Para el ejercicio fiscal 2005, se adicionó la fracción XXII al artículo 31 de la Ley del ISR, que permitió deducir de los inventarios las mercancías que por deterioro u otras causas no imputables al contribuyente hubieran perdido su valor. Esta deducción se delimitó a que los bienes ofrecidos en donación fueran básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación o salud. Posteriormente, mediante Decreto publicado en el DOF el 5 de julio de 2006, se reformó la fracción citada en el párrafo anterior, con la intención de ampliar los bienes que podrían ofrecerse en donación, estableciendo únicamente como requisito para poder aplicar la deducción que, antes de proceder a la destrucción de los bienes, se ofrecieran en donación a las donatarias autorizadas. Sin embargo, esta reforma ha permitido que los contribuyentes puedan ofrecer en donación todo tipo de bienes, incluso aquéllos que por disposición de otro ordenamiento legal no pueden ser enajenados. En razón de lo anterior, se propone que los bienes que se donen sean básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación, vestido, vivienda y salud y, además, que no puedan ofrecerse en donación aquellos bienes que conforme a otro ordenamiento jurídico relacionado con el manejo, cuidado o tratamiento de dicho bienes, se encuentre prohibida expresamente su venta, suministro, uso o se establezca otro destino para los mismos. Esta propuesta busca reorientar la aplicación de la deducción para que el gasto que representa al erario la citada deducción, no permanezca sólo como un medio de elusión fiscal sino que además de generar un beneficio fiscal para el contribuyente, el gasto fiscal que representan se convierta en una medida que apoye a sectores vulnerables. Prohibición de deducciones. La operación normal de un sistema de ISR, es que un pago efectuado sea deducible para el contribuyente que lo realiza y acumulable para el contribuyente que lo recibe. En general, esta simetría provoca que un contribuyente vea disminuida su base imponible en la misma medida en que el otro la ve incrementada. Sin embargo, existen operaciones entre partes relacionadas en las que un contribuyente deduce un pago, mientras que su contraparte no lo acumula o el mismo está sujeto a una tributación mínima o incluso es deducido también por otra parte relacionada. Para evitar éstas y otras prácticas elusivas, la OCDE ha desarrollado un proyecto para combatir la “Erosión de la Base y Desplazamiento de Utilidades” (BEPS por sus siglas en inglés). Este proyecto surge con el objetivo de evitar que empresas multinacionales desplacen artificialmente utilidades, lo cual da como resultado que paguen cantidades muy bajas de impuesto o incluso que se genere una doble no imposición (en su país de residencia y en el país que obtienen el ingreso). Esto perjudica la imparcialidad e integridad del sistema fiscal. En el plan de acción de este proyecto se recomendó, entre otras cosas, que los países desarrollen disposiciones para neutralizar los efectos de instrumentos y entidades híbridas bajo los cuales se aprovecha la diferente caracterización que existen en el derecho interno y en el derecho extranjero de un ingreso o entidad para tomar una ventaja fiscal que el legislador no tuvo la intención de otorgar. Específicamente se menciona la incorporación de disposiciones que nieguen la deducción de pagos que no sean acumulables para el receptor, así como negar la deducción de pagos que también sean deducidos por sus partes relacionadas. Siguiendo estas recomendaciones y con el fin de eliminar la posibilidad de llevar a cabo actividades de elusión fiscal, se propone prohibir la deducción de pagos efectuados a partes relacionadas residentes en México o en el extranjero que no se encuentren gravados o lo estén con un impuesto inferior al 75% del ISR causado en México de conformidad con la nueva Ley del ISR. Asimismo, se propone prohibir la deducción de pagos que también sean deducibles para partes relacionadas residentes en México o en el extranjero. Límite de 4% a las deducciones por donativos a la Federación, entidades federativas, municipios y sus organismos descentralizados. Con el objeto de promover la donación a las instituciones de beneficencia, asociaciones y sociedades civiles sin fines de lucro que operan en México, que a la entrada en vigor de la nueva Ley del ISR conserven u obtengan autorización para ser donatarias autorizadas, el Ejecutivo Federal a mi cargo propone establecer un tope máximo a la deducción por los donativos que los contribuyentes efectúen a favor de la Federación, las entidades federativas, los municipios, o sus organismos descentralizados, fijado en el 4% del total de utilidad fiscal obtenida o de sus ingresos acumulables en el ejercicio inmediato anterior. De esta manera, aun cuando el límite total deducible por concepto de donativos se establece en el 7% de la utilidad fiscal o de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, el tope fijado en el 4% será un incentivo para que los donantes diversifiquen la entrega de sus recursos hasta el límite total deducible, entre un mayor número de beneficiarios, sin que sean la Federación, las entidades federativas, los municipios, o sus organismos descentralizados quienes acaparen mayores donativos en detrimento de las donatarias autorizadas cuya única fuente de ingresos la constituyen los donativos que reciben, los cuales les permiten desempeñar actividades filantrópicas en beneficio de las personas, grupos y sectores más vulnerables de la sociedad mexicana. Obligación de proporcionar información sobre depósitos en efectivo. Con la abrogación de la Ley del IDE que se somete a la consideración de esa Soberanía en la presente Iniciativa, también desaparecen las obligaciones establecidas para las instituciones del sistema financiero de informar al SAT sobre los depósitos en efectivo que se efectúen en las cuentas abiertas a nombre del contribuyente en dichas instituciones. No obstante, dicha información constituye una base de datos fundamental que las autoridades hacendarias necesitan a fin de fiscalizar adecuadamente las operaciones llevadas a cabo por los contribuyentes en el sistema financiero. Por lo expuesto, el Ejecutivo Federal a mi cargo propone a esa Soberanía que la nueva Ley del ISR establezca la obligación para las instituciones del sistema financiero de informar una vez al año, sobre los depósitos en efectivo que reciban los contribuyentes en cuentas abiertas a su nombre cuando el monto acumulado supere los $15,000.00 mensuales, lo cual no implica una carga adicional para las instituciones mencionadas debido a que actualmente cuentan con la infraestructura y medios para cumplirla en los términos señalados. Además, es importante destacar que la propuesta no genera duplicidad de información para los contribuyentes, dado que no se exigiría información que ya estuviera en poder de las autoridades, en términos de los requerimientos previstos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Vales de despensa. Los vales de despensa, en tanto que son una prestación de previsión social a favor de los trabajadores, constituyen un ahorro para quien los recibe, dado que el beneficiario no tendrá que utilizar la parte correspondiente de su salario para adquirir los bienes de consumo de que se trate, pudiendo destinarla a satisfacer otras necesidades o fines. De esta manera, los vales de despensa se emplearán en la adquisición de alimentos que aseguren una vida decorosa para el trabajador y su familia, produciendo con su otorgamiento una mejoría en su calidad de vida. Así, la previsión social como gasto estrictamente indispensable de las empresas debe sujetarse a requisitos, modalidades y límites para su deducción, en términos de la Ley del ISR. Ahora bien, de acuerdo con los principios de veracidad y demostrabilidad razonables en materia de deducciones, resulta justificado que se prevea una adecuada supervisión y control debido a que las deducciones impactan en la capacidad recaudatoria del erario. Por tal motivo, el Ejecutivo Federal a mi cargo propone que los vales de despensa sean deducibles siempre que se otorguen a través de monederos electrónicos autorizados por el SAT, con lo cual se logrará un control de quién es el beneficiario efectivo de los vales y asegurarse que sea él quien los utilice. Con esta mecánica, se pretende evitar que los vales de despensa se utilicen indebidamente como un instrumento de cambio o de transacción comercial. Simetría fiscal. Entre los elementos que se deben considerar para mejorar la arquitectura del ISR se encuentra el restablecimiento del principio de simetría fiscal. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la simetría fiscal es un principio de política tributaria que establece un parámetro de vinculación entre los contribuyentes y de equilibrio entre ingresos y gastos, de manera que si a una persona física o moral le corresponde el reconocimiento de un ingreso que será gravado, a su contraparte que realiza el pago -que genera ese ingreso-, debe corresponderle una deducción. Así, se cumple con este principio cuando a cada deducción que aplique el contribuyente que realiza el gasto, le corresponda la acumulación equivalente de ingreso por parte de quien recibe el pago. El principio se vulnera cuando se permite a un contribuyente deducir sus gastos y se exenta a quien recibe el ingreso. La simetría fiscal protege los intereses tanto del erario público como de los contribuyentes, toda vez que en la medida en que no existan desviaciones de la misma, se evita la introducción de distorsiones adicionales al marco tributario que busquen recuperar las pérdidas recaudatorias existentes que ocasiona, por ejemplo, la exención de un concepto de ingreso. Conforme a lo anterior, se plantean diversas propuestas para restablecer este principio en la estructura del ISR. Deducción de ingresos remunerativos otorgados a los trabajadores y que están total o parcialmente exentos del ISR. Actualmente, la Ley del ISR permite que el empleador efectúe la deducción de los diversos conceptos remunerativos que les entrega a sus empleados, independientemente de que éstos se encuentren gravados a nivel del trabajador. Este tratamiento fiscal es asimétrico. Los efectos de las asimetrías en el ISR resultarían particularmente perjudiciales para la recaudación, ante la propuesta de desaparición de los impuestos mínimos y de control que se presenta. Por ello, ante la ausencia de un impuesto mínimo y de control del ISR y con el fin de restablecer la simetría fiscal, se propone acotar la deducción de las erogaciones por remuneraciones que a su vez sean ingreso para el trabajador considerados total o parcialmente exentos por la Ley del ISR. En consecuencia, sólo procederá la deducción de hasta el 41% de las remuneraciones exentas otorgadas al trabajador. Este porcentaje guarda relación entre la tasa del IETU que se deroga y la tasa del ISR empresarial. Con esta medida se recupera la base gravable del ISR y además se reduce la asimetría fiscal. Algunos de los conceptos de gasto-ingreso que estarían sujetos a este límite son la previsión social, cajas y fondos de ahorro, pagos por separación, gratificación anual, horas extras, prima vacacional y dominical, participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) de las empresas, entre otros. Cuotas de seguridad social del trabajador pagadas por los patrones. La Ley del ISR vigente permite la deducción de las cuotas pagadas por los patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), incluso cuando éstas sean a cargo de los trabajadores. Asimismo, para efectos del trabajador, se establece que dicho beneficio es un ingreso exento. Este tratamiento representa un doble beneficio, al no estar gravado como ingreso y ser deducible, lo que rompe el principio de simetría fiscal, y erosiona la base del ISR. Con el propósito de restablecer la simetría fiscal en el ISR, se propone considerar como no deducibles las cuotas de seguridad social del trabajador pagadas por el patrón. Con ello, se elimina también la inequidad entre empresas respecto a la determinación de la deducción de los pagos de salarios y demás prestaciones que con motivo de la relación laboral se otorgan a sus trabajadores, así como de las aportaciones establecidas en las leyes de seguridad social correspondientes. Otras deducciones. En la presente Iniciativa también se propone acotar otro grupo de deducciones que frecuentemente son destinadas para fines diferentes a las actividades productivas del contribuyente. Se propone ajustar el monto de las deducciones permitidas, ya que acotar estas deducciones a través del establecimiento de otro tipo de medidas, tales como registros o controles, que se han utilizado en el pasado representa elevados costos de cumplimiento para el contribuyente y una difícil tarea de fiscalización para la autoridad fiscal. Entre estas propuestas se encuentran las siguientes: Inversión en automóviles. La Ley del ISR vigente permite que los contribuyentes personas morales y físicas con actividades empresariales y profesionales realicen la deducción de las inversiones en automóviles hasta por un monto de 175 mil pesos sin considerar el impuesto al valor agregado (IVA), por lo que el monto de la inversión en vehículos que se puede deducir considerando el precio con el citado impuesto indirecto es de 203 mil pesos. Esta deducción no impide que los contribuyentes puedan adquirir vehículos de mayor valor, pues el esquema permite que se deduzca la inversión de cualquier automóvil hasta por el límite establecido, quedando sólo el excedente de la inversión como un costo no deducible. Con objeto de reducir la erosión de la base gravable que representa esta deducción, se propone a esa Soberanía ajustar el monto deducible hasta 130 mil pesos por unidad sin IVA. Es importante mencionar que esta propuesta no tendría un impacto directo en la industria automotriz, toda vez que en el pasado se ha observado que la modificación en el límite de la deducción no guarda una correlación con el aumento de la venta de automóviles. Arrendamiento de automóviles. La Ley del ISR vigente también permite que las personas morales y físicas con actividades empresariales y profesionales deduzcan el importe del arrendamiento de automóviles. Mediante Decreto Presidencial publicado en el DOF el 23 de abril de 2003, se estableció que el monto deducible por este concepto es de 250 pesos diarios por unidad, en lugar de 165 pesos que prevé la Ley del ISR vigente. En congruencia con el ajuste al monto deducible por la inversión en automóviles antes citada, también se propone ajustar el monto de la renta de automóviles a 200 pesos diarios por unidad. Consumos en restaurantes. La Ley del ISR vigente permite que los contribuyentes personas morales y físicas con actividades empresariales y profesionales realicen la deducción de los consumos en restaurantes hasta por un monto del 12.5% del pago realizado. Para evitar abusos de los contribuyentes por consumos en restaurantes que no corresponden a los gastos necesarios para la realización de su actividad, se propone eliminar esta deducción. Regímenes especiales. Existen otro tipo de tratamientos preferenciales en el ISR que son aplicados de manera particular por algún grupo o sector de contribuyentes. Al respecto, se plantea la eliminación de dichos tratamientos, ya que su permanencia debilita y complica significativamente la estructura y diseño del principal impuesto directo del sistema tributario, a la vez que vulnera el principio de equidad horizontal. Régimen de Sociedades Cooperativas de Producción. A través de los tratamientos preferenciales se busca alentar y promover determinados sectores o actividades económicas. No obstante, la evidencia indica claramente que éstos pueden resultar ineficientes en el logro de sus objetivos, debido a que la pérdida en bienestar social generalmente supera ampliamente el beneficio otorgado. Así, las pérdidas recaudatorias que causan estos regímenes se dan sin que los fines extrafiscales para los que fueron diseñados se alcancen. Además, dichos regímenes generan distorsiones en las decisiones de los agentes económicos, reducen la base gravable y la recaudación, hacen compleja la fiscalización, provocan inequidad entre los contribuyentes y crean espacios para la evasión y elusión fiscales. El régimen aplicable a las sociedades cooperativas de producción constituidas únicamente por socios personas físicas y cuya vigencia inició desde 2006, permite que la sociedad cooperativa no pague el ISR como una persona moral sino que calcula el ISR de cada uno de sus socios, determinando la parte de la utilidad gravable del ejercicio que le corresponda a cada cooperativista por su participación en la sociedad cooperativa, difiriendo el pago del ISR hasta el ejercicio fiscal en que se distribuye la utilidad. Esta situación provoca inequidad respecto de otras empresas que por el hecho de tener una organización jurídica diferente, deben pagar el ISR cuando se generan las utilidades y no cuando se distribuyen. Asimismo, las sociedades cooperativas de producción tienen la ventaja de efectuar anticipos a sus miembros personas físicas, los cuales son gravados como salarios con la tarifa progresiva. Dichos anticipos se disminuyen de la utilidad fiscal que determina la sociedad cooperativa permitiendo que ésta sea manipulable. El régimen preferencial aplicable a las sociedades cooperativas de producción, dificulta las tareas de fiscalización, al impedir realizar un cruce adecuado de información con los proveedores y clientes de la misma, dado los diferentes momentos de determinación y entero del impuesto a lo largo de ejercicios fiscales distintos a aquél en que se realizaron las operaciones. De esta manera, se generan espacios para la evasión y elusión fiscales. Por las razones expuestas, se propone eliminar el tratamiento preferencial para este sector de contribuyentes, con lo cual se pretende simplificar el ISR, evitar la inequidad existente respecto de los diversos sectores económicos y la distorsión, así como para ampliar la base del impuesto. De esta manera, estos contribuyentes se incorporarían a tributar en el régimen general de personas morales, con lo que se garantizará una contribución equitativa de todos los sectores de la economía al financiamiento de los programas públicos. Sociedades Inmobiliarias de Bienes Raíces (SIBRAS). Actualmente, las sociedades mercantiles constructoras o adquirentes de inmuebles tienen diversos beneficios, entre los que se encuentra el que permite a los accionistas que aporten bienes inmuebles a la sociedad acumular la ganancia por la enajenación de los bienes aportados cuando enajenen las acciones de dicha sociedad, en la proporción que dichas acciones representen del total de las acciones que recibió el accionista por la aportación del inmueble a la sociedad, siempre que la ganancia no se hubiera acumulado previamente, o bien, cuando la sociedad enajene los bienes aportados, en la proporción que la parte que se enajene represente de los mismos bienes, siempre que no se hubiera acumulado dicha ganancia previamente. Igualmente, se les exime de realizar pagos provisionales por concepto de ISR y, en caso de que los accionistas sean fondos de jubilaciones y pensiones, se debe entregar a dichos fondos un crédito fiscal por un monto equivalente al resultado de multiplicar el impuesto del ejercicio por la participación accionaria promedio diaria que los fondos tuvieron en el mismo ejercicio o por la participación accionaria al término del mismo ejercicio. Sin embargo, derivado de las auditorías practicadas por el SAT, se ha observado que dichas sociedades han utilizado el esquema únicamente para el diferimiento del pago de impuestos. El esquema de diferimiento opera de la siguiente manera: En una primera operación una sociedad aporta a la SIBRA el derecho de obtener los beneficios o frutos de un bien inmueble (usufructo) a cambio de acciones. No se lleva a cabo la aportación del bien inmueble como tal, es decir, la venta del mismo. Derivado de esta operación, la SIBRA difiere el pago del ISR hasta que venda las acciones que adquirió por la aportación o la sociedad aportante lleve a cabo la venta del usufructo. Posteriormente, en una segunda operación la sociedad aportante vende la nuda propiedad del bien inmueble a una parte relacionada. Derivado de estas dos operaciones se obtienen los siguientes beneficios: i) El diferimiento del pago del ISR por parte del accionista que enajenó el usufructo a la SIBRA, ya que este derecho real es un bien inmueble de conformidad con el artículo 750 del Código Civil Federal. De la venta de la nuda propiedad del bien inmueble se genera una pérdida fiscal, que reduce el impuesto a pagar, ya que el valor del mismo baja considerablemente al tener una carga sobre el mismo (el usufructo), y ii) Si no hay venta del usufructo por parte de la SIBRA, y al estar constituido de manera temporal, en el momento que se venza el plazo se reincorpora al bien inmueble, sin que pueda considerarse que hay una enajenación por este reintegro, en términos del 14 del Código Fiscal de la Federación y, con ello, se habría enajenado un bien inmueble de una sociedad a otra usando una SIBRA sin el pago del impuesto respectivo. Así, el resultado es una enajenación de un bien inmueble que pudiera generar un diferimiento en el pago del impuesto o inclusive el no pagarlo, además de pérdidas deducibles para efectos del ISR. Por lo tanto, se propone derogar el régimen aplicable a las SIBRAS para evitar que el uso distorsionado del beneficio previsto en el artículo 224-A de la Ley del ISR vigente se utilice con la intención de erosionar la base del ISR. Desarrolladores inmobiliarios y fabricantes de bienes de largo proceso de producción. La Ley del ISR vigente permite que las personas morales efectúen la deducción de los gastos indispensables y necesarios para el desempeño de sus actividades conforme al esquema de devengado, es decir, cuando se reciba el comprobante que ampare el precio o la contraprestación pactada, se reciba materialmente el bien o cuando se reciba el servicio, se pague o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos. No obstante, la propia Ley establece un tratamiento preferencial para los contribuyentes que realicen obras consistentes en desarrollos inmobiliarios o fraccionamientos de lotes, los que celebren contratos de obra inmueble o de fabricación de bienes de activo fijo de largo proceso de fabricación y los prestadores del servicio turístico del sistema de tiempo compartido. Este tratamiento preferencial permite deducir las erogaciones estimadas relativas a los costos directos e indirectos de esas obras, o de la prestación del servicio, en los ejercicios en que obtengan los ingresos derivados de éstas, en lugar de las deducciones reales que vayan efectuando los contribuyentes correspondientes a cada una de las obras o servicios mencionados. Lo anterior provoca que se distorsione la base del ISR al no existir una simetría fiscal entre el ingreso generado y las deducciones realizadas por el contribuyente, así como el diferimiento del ISR que realmente se va generando, con la consecuente disminución de la recaudación. Por ello, se propone eliminar la opción para este sector de contribuyentes de deducir las erogaciones estimadas relativas a los costos directos e indirectos de esas obras o de la prestación del servicio, simplificando con ello la determinación del ISR, eliminando la inequidad existente entre los diversos sectores de contribuyentes y evitando la distorsión de la estructura del ISR. Adicionalmente, los contribuyentes dedicados a la construcción de desarrollos inmobiliarios obtienen un trato especial por las adquisiciones de terrenos que realizan. A partir de 2005, la Ley del ISR permite la deducción del costo de lo vendido, en lugar de las compras. No obstante lo anterior, durante el proceso legislativo de esa reforma se aprobó permitir a los contribuyentes dedicados a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios, deducir el costo de adquisición de sus terrenos en el ejercicio en que los adquieren. Con el fin de homologar el tratamiento fiscal que reciben los terrenos de desarrolladores inmobiliarios, con el del resto de los contribuyentes, se propone a esa Soberanía eliminar la excepción aplicable a la deducción del costo de adquisición de los terrenos. Deducción de gastos de exploración del sector minero. La Ley del ISR vigente establece que tratándose de erogaciones realizadas en periodos pre-operativos, los contribuyentes pueden deducir en el ejercicio hasta un 10% de la inversión realizada. No obstante, tratándose de los contribuyentes dedicados a la explotación de yacimientos de mineral, se otorga la facilidad de deducir las erogaciones realizadas por concepto de exploración y cuantificación de nuevos yacimientos en periodos pre-operativos, en el ejercicio en que las mismas se realicen siempre que ejerzan esta opción por todos los gastos de cada uno de sus yacimientos en el ejercicio fiscal correspondiente. Esta facilidad provoca inequidad respecto al resto de los sectores de contribuyentes, los cuales por regla general deducen la inversión realizada en periodos pre-operativos prorrateada en 10 ejercicios fiscales, en tanto que en el caso del sector minero lo pueden efectuar en un solo ejercicio, con lo cual obtienen un beneficio al disminuir su base gravable del ISR. Este beneficio distorsiona la estructura del ISR, produce inequidad y reduce el potencial recaudatorio, por lo que se propone eliminarlo. Ventas a plazos, acumulación al momento de la venta, no del cobro. La Ley del ISR vigente establece que para determinar la base gravable, las personas morales deben considerar los ingresos obtenidos en la realización de sus actividades conforme al esquema de devengado, es decir, cuando se dé cualquiera de los supuestos siguientes: se reciba el comprobante que ampare el precio o la contraprestación pactada, se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio, se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos. No obstante, en el caso de los contribuyentes que realizan enajenaciones a plazo, la propia ley también otorga la facilidad para optar por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado, o solamente la parte del precio cobrado durante el mismo. Esto último distorsiona la base del ISR y provoca inequidad respecto al resto de los sectores de contribuyentes, con la consecuente reducción y diferimiento del impuesto, al darse un tratamiento diferenciado. Además, este tipo de medidas que otorgan diversas opciones a los contribuyentes provocan una pérdida de control al crearse distintos momentos de acumulación para un mismo contribuyente. Por ello, se propone eliminar para las personas morales la facilidad de considerar como ingreso obtenido solamente la parte del precio cobrado durante el ejercicio, a fin de mantener como regla general la aplicación del esquema devengado. Aun cuando no es posible precisar el potencial recaudatorio de estas últimas medidas, siempre que el régimen fiscal al que estén sujetas todas las personas morales independientemente del sector al que pertenezcan o que el tipo de operaciones que realicen sean de aplicación generalizada, se fortalece la estructura del impuesto y se cierran espacios o áreas de oportunidad para que los contribuyentes realicen prácticas de evasión y de elusión fiscales. Reservas de instituciones de crédito, de fianzas y de seguros. Nuestro país permite a las instituciones de crédito deducir en el cálculo del ISR, el monto de las reservas preventivas globales que se constituyan o se incrementen, siempre que el monto de la deducción no exceda del 2.5% del saldo promedio anual de la cartera de crédito en el ejercicio en que se constituyan o incrementen. En el caso de las instituciones de seguros, éstas reciben un tratamiento equivalente, a través del cual se les permite deducir en el ISR la creación o el incremento de las reservas de riesgo en curso, por obligaciones pendientes de cumplir por siniestros y por vencimientos, así como las reservas de riesgos catastróficos. Además, cuando estas instituciones cuentan con autorización para vender seguros de pensiones, pueden deducir la creación o incremento de la reserva matemática especial, así como otras reservas previstas en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, siempre que toda liberación sea destinada al fondo especial de los seguros de pensiones, en el cual el Gobierno participe como fideicomisario. La deducibilidad fiscal de las reservas que establece nuestro país a las instituciones financieras y de seguros y fianzas, ha estado estrechamente vinculada a la regulación de la contabilidad financiera de estas instituciones. Sin embargo, los principios en que se basa la regulación de la contabilidad financiera y la contabilidad para efectos fiscales, atienden a diferentes objetivos. La regulación financiera parte del hecho de que las pérdidas por concepto de préstamos de las instituciones financieras pueden tener un efecto desestabilizador sobre el conjunto de la economía. Ello se debe a que el incumplimiento de las deudas constituye una categoría de pérdidas especialmente importantes para el sector financiero. Además, los servicios financieros son un factor esencial en las demás actividades económicas. Un inadecuado manejo del riesgo financiero puede desencadenar una serie de quiebras con consecuencias negativas para toda la economía. Justamente por estas razones, las instituciones financieras están sujetas a estrictas reglas en cuanto a la constitución y manejo de sus reservas, cuya finalidad es mantener la integridad del balance y solidez del sistema financiero. Por su parte, la contabilidad para efectos fiscales busca definir la renta imponible a fin de minimizar las distorsiones y la elusión de impuestos. La necesidad de establecer un tratamiento tributario para las deudas incobrables, deviene de la consideración de que los activos de los bancos y de otras instituciones financieras están conformados por diversas modalidades de títulos financieros. Para determinar los ingresos en devengado, es esencial calcular la variación de dichos activos durante el ejercicio. Sin embargo, tratándose de préstamos y diferentes formas de crédito no es posible hacer con precisión esta determinación, ya que el precio de estos activos lo determina el perfil del acreditado y podrían perder la totalidad o parte de su valor antes de su vencimiento en caso de volverse incobrables. De ahí que sea necesario establecer reglas específicas del tratamiento tributario para las deudas incobrables. De conformidad con lo anterior, los principios en que se basa la regulación de la contabilidad financiera y la contabilidad para efectos fiscales, no necesariamente deben ser idénticos y, por lo tanto, las reservas no tienen por qué ser deducibles para efectos fiscales. En el contexto internacional se ha dado una tendencia a no permitir la deducción de reservas. Los Estados Unidos de América modificaron desde 1986 la deducción de reservas para pérdidas por préstamos basados en la experiencia de los seis años anteriores (método de la experiencia), por el método de traspaso a pérdidas y ganancias puro. En España se dio un cambio en el mismo sentido y actualmente tampoco se permite la deducción de las reservas preventivas. En términos fiscales, tradicionalmente se han empleado dos métodos para calcular la deducción de las deudas incobrables: i) el método del traspaso a pérdidas y ganancias, y ii) el método de la constitución de reservas preventivas. En el primer esquema, se reconoce una partida de gasto correspondiente a las deudas incobrables únicamente cuando éstas pierden valor, en su totalidad o en parte. Ahora bien, cuando una cuenta por cobrar es imposible de cobrar en su totalidad o en parte, se deduce en el monto que no se pueda cobrar y se reconoce un gasto por el mismo importe. En los casos en que un monto previamente registrado como incobrable, bajo el método de pérdidas y ganancias, posteriormente se recupere, el rescate obtenido se considerará como un ingreso en el momento del cobro o de la reincorporación del préstamo a los libros. En el método de reservas, las cuentas por cobrar se registran por su valor nominal independientemente de su valor real. Sin embargo, se establece una cuenta de reservas como prevención contra el hecho de que algunas de las cuentas por cobrar podrían resultar incobrables, la cual se deduce para fines tributarios. La deducción del saldo de las reservas no puede ser total, sino que se acota a cierto límite. La diferencia entre el método de reservas específicas y el método de traspaso a pérdidas y ganancias radica en que en este último, una deuda se pasa a pérdidas y ganancias únicamente cuando se ha demostrado que carece de valor, total o parcialmente. En cambio, en el método de reservas los préstamos no tienen que haber perdido su valor cuando se constituyen las reservas para que se reduzca el ingreso gravable. El método de reservas puede generar distorsiones. Dado que con este método se permite deducir una reserva actual para pérdidas que pueden generarse en una fecha distante en el tiempo, puede hacer más atractivas carteras más riesgosas para la institución financiera. Por su parte, el traspaso a pérdidas y ganancias da un tratamiento neutral al perfil de riesgo de la cartera, debido a que la institución registra una pérdida sólo cuando un crédito efectivamente se hace incobrable. Por otra parte, el método de las reservas debilita la recaudación, ya que por tratarse de un mecanismo cautelar, la deducción se autoriza antes de que exista prueba concluyente de la imposibilidad de cobro. De esta manera se difiere el pago de un impuesto en el tiempo. En otras palabras, debido a que la deducción fiscal por pérdidas en cuentas por cobrar de instituciones no financieras y las pérdidas contingentes de activos no financieros se permite aplicar en el momento en que se realizan, el método de reservas equivale a un gasto tributario a favor del sector financiero. Es importante considerar que el tratamiento fiscal de las provisiones para pérdidas por préstamos no altera, por sí, el momento en que se producen las pérdidas, ni el volumen de éstas. Es decir, cualquier modificación al régimen fiscal para la deducción de las pérdidas por créditos incobrables no afecta directamente la operación financiera. En cuanto a la regulación financiera, se debe enfatizar que como resultado de las adecuaciones que se han realizado al marco normativo y de una gestión macroeconómica prudente durante los últimos años, el sistema financiero actualmente es sólido. Ello quedó demostrado en la crisis financiera internacional ocurrida a finales de la década pasada, donde el sistema bancario mexicano demostró estabilidad y solidez. A pesar de la crisis financiera provocada por el sector hipotecario de los Estados Unidos de América, la cartera vencida de créditos comerciales, consumo y vivienda, mantiene niveles bajos: el promedio del periodo 2005 – 2013 es de 2.5% de la cartera de crédito vigente. Asimismo, al mes de junio de 2013 el índice de capitalización de la banca fue de 16.2, monto muy superior al mínimo regulatorio utilizado a nivel internacional. Adicionalmente, en mayo de 2013 el Ejecutivo Federal, en el marco de la Reforma al Sistema Financiero, presentó al H. Congreso de la Unión diversas propuestas para el sector bancario que se traducirán en menores plazos y en menores costos para ejercer las garantías asociadas a un crédito, con lo que sus problemas de cartera vencida observarán una reducción significativa. Considerando lo anterior, se propone cambiar la deducción de las reservas preventivas globales que realizan las instituciones de crédito por la deducción de los quebrantos. Es importante señalar que esta medida no atenta contra la operación de las instituciones financieras, ya que las pérdidas por el incumplimiento de la cartera de crédito se podrán deducir enteramente como un gasto de operación. Además, se propone eliminar la deducción que les otorga la Ley del ISR vigente a las instituciones de seguros por la creación o incremento de las reservas de riesgo en curso por obligaciones pendientes de cumplir por siniestros y por vencimientos, así como las reservas de riesgos catastróficos y la reserva matemática especial vinculada con seguros de pensiones y las relacionadas a seguros de pensiones que permite la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Además, en el caso de las instituciones de fianzas se propone eliminar las reservas de fianzas en vigor y de contingencia. Con estas medidas de carácter general se garantiza que todos los sectores de la economía contribuyan al financiamiento del gasto público. Además, que la carga tributaria se distribuya equitativamente entre dichos sectores, lo cual permite introducir elementos de progresividad al esquema tributario mexicano. Fortalecimiento a Regímenes Fiscales Preferentes. Con el propósito de hacer más eficiente este régimen en la nueva Ley del ISR que se propone a esa Soberanía, se sugiere reincorporar en la definición de “ingresos pasivos” los siguientes conceptos: la enajenación de bienes inmuebles, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y los ingresos percibidos a título gratuito, con lo que se amplían los conceptos aplicables a este régimen a operaciones que se han detectado en auditorías. Acreditamiento de impuestos pagados en Regímenes Fiscales Preferentes. Los contribuyentes que obtienen ingresos sujetos a Regímenes Fiscales Preferentes tienen derecho a acreditar contra el ISR que causen en México, tanto el impuesto que las entidades pagaron en el extranjero, como el que se haya retenido y enterado en los términos del Título V de la Ley del ISR vigente, en la misma proporción en que dichos ingresos sean gravables para ellos; sin embargo, en caso de que exista un remanente que los contribuyentes no hubiesen tenido oportunidad de acreditar, el régimen no especifica el tiempo durante el cual conservarán el derecho de acreditarlo en ejercicios posteriores. Por lo anterior, se modifica el tratamiento mencionado en la nueva Ley del ISR para señalar expresamente que cuando el impuesto no pueda acreditarse total o parcialmente podrá acreditarse en los diez ejercicios siguientes hasta agotarlo. Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAS). Ingresos por rentas mixtas. De acuerdo con la Ley del ISR vigente, las FIBRAS se constituyen con el fin primordial de adquirir o construir bienes inmuebles para destinarlos al arrendamiento o para adquirir el derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes, así como para otorgar financiamiento para esos fines. Dentro de la práctica inmobiliaria el alquiler pactado entre arrendador y arrendatario se puede integrar por una renta fija y una renta mixta. Se ha identificado que existen FIBRAS que perciben ingresos derivados de rentas mixtas. El concepto de renta mixta se compone de dos elementos: 1) Por los ingresos estrictamente vinculados con el arrendamiento del inmueble, y 2) Por ingresos cuya naturaleza se identifica con la prestación de un servicio, o con determinar la renta en razón de un porcentaje de las ventas que obtenga el arrendador. Por lo tanto, no se justifica que se considere que los ingresos por prestación de servicios adicionales al arrendamiento se integren dentro del costo de la renta, y así, se apliquen en los mismos términos que los percibidos por el arrendamiento del inmueble sujeto a la FIBRA, toda vez que tiene el efecto de ocultar un ingreso que proviene de una actividad distinta a la del arrendamiento del inmueble, y por el que le debe corresponder un tratamiento fiscal distinto al previsto en los artículos 223 y 224 de la Ley del ISR vigente. Consecuentemente, con la finalidad de establecer en forma expresa que los ingresos por arrendamiento que perciban las FIBRAS, deben corresponder preponderantemente a los que deriven del otorgamiento del uso o goce temporal del inmueble de que se trate, se propone delimitar a que sólo pueda aplicarse el beneficio previsto en los artículos citados en el párrafo anterior, siempre que la fiduciaria no perciba ingresos por la prestación de servicios vinculados al arrendamiento superiores al 5% de la totalidad de la renta. El límite propuesto tiene la intención de otorgar flujo de efectivo a las FIBRAS de nueva creación, y así evitar se distorsione el mercado inmobiliario derivado de la modificación introducida en la Ley cuya emisión se propone. Régimen simplificado. Actualmente, la Ley del ISR establece que las personas morales dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o de pasajeros; a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras; así como las constituidas como empresas integradoras, tributen en el régimen simplificado. Este régimen, a diferencia del régimen general de las personas morales, opera sobre una base de efectivo, en el que las inversiones se pueden deducir como gasto siempre que los ingresos anuales de los contribuyentes no excedan de 10 millones de pesos. Asimismo, los contribuyentes sujetos a este régimen pueden llevar contabilidad simplificada. Por otra parte, la Ley del ISR vigente también prevé que el SAT puede otorgar facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, mediante las cuales se permite que estos contribuyentes realicen deducciones de erogaciones sin documentos comprobatorios que cumplan con los requisitos fiscales. Estas facilidades afectan la cadena de comprobación fiscal, a través de la cual se logra que a toda deducción de parte de un adquirente corresponda la acumulación de ingresos por parte del proveedor del bien o servicio. La aplicación de estos beneficios genera inequidad, ya que contribuyentes que obtienen un monto de utilidad igual, al pertenecer a distintos sectores de actividad, enfrentan cargas fiscales diferentes. El principio de equidad horizontal establece que los contribuyentes en igualdad de circunstancias deberían recibir el mismo tratamiento. Además, estas medidas afectan la neutralidad del sistema tributario, toda vez que introducen distorsiones que hacen que la inversión no necesariamente se destine a aquellas actividades en donde resulta más productiva. Derivado de lo anterior y con el fin de contar con un sistema tributario equitativo y eficiente, se propone a esa Soberanía eliminar el régimen simplificado así como los beneficios de exención, tasa reducida y facilidades administrativas, cuya permanencia no se justifica. Sin perjuicio de lo expuesto, la presente Iniciativa reconoce que determinados grupos de contribuyentes aún presentan diversas dificultades organizativas. Es el caso de los coordinados o personas morales que administran y operan activos fijos o activos fijos y terrenos, relacionados directamente con la actividad del autotransporte terrestre de carga o de pasajeros y cuyos integrantes, personas físicas o morales, realizan actividades de autotransporte terrestre de carga o de pasajeros o complementarias a dichas actividades y tienen activos fijos o activos fijos y terrenos, relacionados directamente con dichas actividades. En tal sentido, el Ejecutivo Federal a mi cargo somete a consideración de esa Soberanía que las personas físicas y morales que a la entrada en vigor de la nueva Ley del ISR integraban un coordinado, continúen cumpliendo sus obligaciones fiscales a través de la persona moral. Para ello, la persona moral deberá aplicar el régimen en base flujo establecido para las personas físicas con actividades empresariales. En este contexto, el ISR del ejercicio lo calculará y enterará la persona moral por cada uno de sus integrantes, aplicando la tarifa del ISR de personas físicas o la tasa aplicable a personas morales. Al mismo tiempo, el esquema que se propone permitirá a los contribuyentes personas físicas que tributen en el mismo, cumplir con sus obligaciones fiscales a través de una persona moral denominada coordinado, sin que ello represente que puedan continuar aplicando los beneficios contenidos en el Título II, Capítulo VII de la Ley que se propone abrogar, en virtud de que únicamente se trata de facilitar el pago del impuesto sin que ello implique una reducción de la carga tributaria. Homologar la tasa del ISR del sector primario con la del régimen general. Los contribuyentes del sector primario han gozado de una serie de beneficios particulares otorgados a través de diferentes instrumentos de política fiscal, entre los que destacan: 1. La reducción del ISR en un 30% en relación con los contribuyentes del régimen general, tanto en el caso de personas morales como de personas físicas; 2. La exención en el ISR para las personas morales hasta por 20 salarios mínimos anuales del área geográfica del contribuyente por cada uno de sus socios o asociados, siempre que no exceda de 200 veces el salario mínimo correspondiente al área geográfica del Distrito Federal; 3. La exención en el ISR para personas físicas hasta por un nivel de ingresos de 40 salarios mínimos anuales del área geográfica del contribuyente; 4. La posibilidad de aplicar una serie de facilidades administrativas para la comprobación de erogaciones sin comprobantes fiscales, y 5. La instrumentación de programas de gasto público directo en apoyo a sus actividades. Pese a la buena intención de los beneficios otorgados por el legislador, c

Fuente: Servicio de Administración Tributaria